CACIF Advierte sobre impactos a la economía por falta de certeza jurídica

Con relación al entorno económico, político y social en el que operan las empresas del paísy ante distintos casos que son del conocimiento público, 
 

El SECTOR EMPRESARIAL ORGANIZADO

MANIFIESTA:

  1. Llamamos la atención de la opinión pública por los graves impactos que puedan generarse debido a los distintos casos en que se ha invocado el Convenio 169 de la OIT, y en los que los órganos jurisdiccionales del país han emitido fallos que se contradicen entre sí, llegando al extremo –en uno de ellos- de ordenar la suspensión de operaciones de una empresa. 
     
  2. Como se ha reiterado en comunicaciones anteriores, es importante dotar al Convenio 169 de una normativa de consulta que permita cumplir con sus disposiciones de forma clara y con certeza en cuanto a sus procedimientos. En tanto esto ocurre, es necesario que en los casos que se ventilan en los distintos tribunales de la República se tengan presentes aspectos fundamentales para la seguridad jurídica, como lo son:

a)      Que el Convenio 169 es un instrumento cuya finalidad es propiciar el diálogo de buena fe, y no la paralización de proyectos o la afectación irreversible a la economía nacional.

b)      Que el Convenio 169 es aplicable a aquellas regiones en las que hay presencia de comunidades indígenas, y por lo tanto, no debe ser invocado en aquellas áreas en las que dicha presencia no se constata.

c)       Que son las comunidades indígenas y sus instituciones representativas quienes deben ser consultadas, y por lo tanto, debe preservarse esa calidad frente a terceras personas que con intereses particulares se abrogan una supuesta representatividad para paralizar inversiones en el área rural.

  1. Asimismo, se constata que en distintas áreas del país se producen de forma frecuente bloqueos de carreteras y accesos a propiedad privada, por parte de personas y sectores que con intereses particulares, afectan de forma negativa las operaciones de las empresas y las tareas cotidianas de trabajadores guatemaltecos, sin que exista una pronta intervención de las autoridades.
  1. La suspensión de operaciones en aquellas empresas cuya inversión se ha efectuado al amparo de licencias legalmente otorgadas, o los bloqueos que se efectúan por grupos interesados,  tiene implicaciones graves que es importante recordar:

Impactos sociales. Pérdida de empleos para los colaboradores directos e indirectos de las empresas afectadas y daño a la economía doméstica de sus respectivas familias. 

Impactos económicos. Pérdida de producción que perjudica al área en que operan las empresas, conllevando el riesgo de su posible cierre. Asimismo se merma la competitividad general del país se envían mensajes negativos para los inversionistas locales e internacionales, ante la falta de certeza jurídica para la inversión.

Impactos fiscales. Pérdida de tributación considerable al fisco por las pérdidas económicas que registran las distintas empresas. 
 

POR LO TANTO

EL SECTOR EMPRESARIAL ORGANIZADO CONSIDERA DE INTERÉS NACIONAL Y ESTRATEGICO, QUE LOS TRES PODERES DEL ESTADO (EL ORGANISMO EJECUTIVO ASEGURANDO LA LIBRE LOCOMOCIÓN, EL ORGANISMO LEGISLATIVO EMITIENDO NORMATIVA DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y EL ORGANISMO JUDICIAL RESOLVIENDO DE CONFORMIDAD A DERECHO, ENTRE OTRAS OBLIGACIONES) ASUMAN LA RESPONSABILIDAD DE PRESERVAR EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMIA NACIONAL, TAL Y COMO LO MANDA NUESTRA CARTA MAGNA.

EN FUNCIÓN DE ELLO, PEDIMOS QUE SEAN ADOPTADAS INMEDIATAMENTE LAS MEDIDAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO PARA LOS CIUDADANOS GUATEMALTECOS.

Guatemala, 3 de julio de 2017

CACIF