Phillip Chicola: “Las elecciones institucionales son procesos de suma trascendencia para fortalecer el Estado”

Esta semana VIP conversa con Phillip Chicola, Director de la Unidad de Gestión Pública de CACIF, para hacer un balance de las principales acciones políticas que figuraron en el 2013 y plantear el panorama que se avecina en el 2014, el cual constituye un año de intensa actividad en el Sector Justicia y el preámbulo de un nuevo proceso electoral en Guatemala.

VIP: A su modo de ver, ¿qué aspectos políticos han configurado el 2013 de forma tan particular?

PC: Hubo varios. El primero, fue la dinámica legislativa, que durante meses se caracterizó por la parálisis producto del abuso en el recurso de las interpelaciones, pero que en los últimos dos meses generó avances significativos en materia de legislación. A nivel del Organismo Ejecutivo, los primeros recambios en el Gabinete, algunas salidas en falso en temas importantes, los cortes de caja del primer año y los primeros 18 meses de gestión marcaron la pauta, así como los avances que se empiezan a percibir en materia del Pacto Hambre Cero y algunos temas particulares en el combate a la inseguridad.

Sin embargo, el principal tema de carácter político de este 2013 se materializó a nivel del Organismo Judicial, que fue el caso por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. Sin duda, el caso generó una cuña política en el país, se exacerbó la polarización entre actores de sociedad civil y se volvieron a generar condiciones de enfrentamiento ideológico a ultranza.

VIP: ¿Cree usted que la inoperancia del Congreso durante buena parte del año ha condicionado sensiblemente el proyecto político del Ejecutivo? ¿Quién ha salido ganando o perdiendo en este proceso?

PC: Considero que todo hay que analizarlo en su justa dimensión. Sin duda la parálisis en el Congreso ha condicionado lo que el Ejecutivo pueda hacer, sobre todo, la disponibilidad de recursos producto del retraso en la aprobación de las fuentes de financiamiento del presupuesto 2013. Sin embargo, el Ejecutivo también ha logrado aprobar la legislación que requiere en momentos específicos. Vemos el ejemplo de los préstamos a finales de año, la elección de Junta Directiva de Congreso, y en su momento, modificaciones a la normativa fiscal han contado con el apoyo de la bancada oficial y de bancadas bisagra. La clave de todo han sido los consensos. Cuando el Ejecutivo ha logrado articular alianzas que le gesten más de 105 votos, los temas han caminado. Y más ahora, con los dos precedentes legislativos que permiten suspender temporalmente las interpelaciones. Ahora ya no hay excusa para culpar al Legislativo; ahora la llave de cualquier tema es la negociación del oficialismo con bloques bisagra.

VIP: En cuanto al Ejecutivo, ¿qué explicación podemos encontrar a su funcionamiento este año y a los constantes altibajos en su gestión política?

PC: Creo que hay muchas salidas en falso, y es más un error de comunicación política que de gestión. Muchos funcionarios de Gobierno adelantan declaraciones sobre líneas de acción que terminan generando anticuerpos, y eventualmente no se llevan a cabo. Veamos el caso de la Intervención de SAT en octubre. Se adelantó la declaración sobre lo que el Gobierno iba a hacer; cuando generó anticuerpos y rechazos (de carácter político y jurídico) al Ejecutivo no le quedó más que echarse para atrás. Esa salida en falso comunicacional genera sensaciones de improvisación y de altibajos en la gestión. Lo mismo ocurrió con el cierre de Fonapaz, las metas de recaudación tributaria, el intento por aprobar el Presupuesto 2014, entre otros.  

Aún así, hay temas que no son objeto central de la comunicación oficial en donde se materializan avances. El Pacto Hambre Cero es uno de ellos. Algunas mejoras en indicadores particulares en materia de seguridad, así como capturas importantes de bandas de crimen organizado. 

VIP: Para nadie es un secreto, que la comunicación institucional del Gobierno estuvo plagada de “gazapos”, ligerezas y contradicciones, ¿a qué atribuye usted este fenómeno? ¿Qué efectos sensibles tendrá esto en el año venidero?

PC: Es difícil. Creo que muchas veces se trata de seguir una estrategia de comunicación electoral y no gubernamental. Eso implica que el Presidente y la Vicepresidenta siguen centralizando la mayor parte de la comunicación oficial. Eso, naturalmente, les vuelve más susceptibles de cometer errores, adelantar criterios y salirse de las líneas comunicacionales, que eventualmente, generan reacciones adversas a nivel de opinión pública.

La Vicepresidenta creo que ha sido más errática en su comunicación, sobre todo cuando asume como Presidente en funciones o cuando le ha tocado administrar crisis. Muchas veces cae en tonos de ironía, o da la impresión que la información que divulga es incompleta, lo cual termina generando más anticuerpos que opinión favorable.

VIP: En cuanto a la conflictividad social, pareciera que este año estuvo menos intenso para las autoridades que el primer año de gobierno, ¿acaso hubo un cambio en la estrategia política del Ejecutivo o hubo otros factores clave que pudieron haber incidido en esta situación?

PC: Al contrario. Se tuvo momentos de crisis álgida en San Miguel Barrillas, Huehuetenango; en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; además de roces con autoridades en San Marcos, Quiché e Izabal. Quizá no hubo una profunda crisis como ocurrió con el caso de Totonicapán en el 2012, pero los niveles de conflictividad social se mantienen latentes.

Creo que es un error querer teorizar la conflictividad desde una perspectiva unicausal. Hay que analizar caso por caso, y los factores que inciden que en un caso particular la conflictividad genere conatos o manifestaciones de violencia, o que el conflicto sencillamente no estalle, son muchos. Creo que en Barillas y San Rafael Las Flores convergieron condiciones muy complejas. Ausencia de Estado, por un lado, pero también instrumentalización de grupos organizados que entran en conflicto con las empresas de generación de energía y de explotación minera.

Creo que la forma para mitigar los altos niveles de conflictividad está ligada a varios factores. Primero, la presencia del Estado. Cuando la institucionalidad pública es inexistente en dichos puntos del país, naturalmente las fuerzas sociales y sus intereses –a veces contrapuestos– se enfrentan al desnudo. Creo también que ha habido un mayor esfuerzo de los actores legítimos de encontrar soluciones alternas a los conflictos, vía el diálogo, acuerdos privados o mayor incorporación de comunidades en los beneficios de los proyectos productivos. Sin embargo, siempre existen actores que más que impulsar un interés legítimo buscan exacerbar el conflicto y no necesariamente aspiran a que se mitigue el mismo.

VIP: Y en el tema judicial, ¿cuáles son los principales eventos o casos que figuraron durante el año?

PC: El caso Ríos Montt, sin duda; puesto que pareciera que se puso a un débil sistema de justicia en medio de dos elefantes ideológicos. Y naturalmente, el sistema sufrió. Veamos la sentencia del caso de Genocidio: una mitad de los actores políticamente relevantes la aplauden, la otra mitad la cuestionan. Y con la resolución de la Corte de Constitucionalidad se invierten los papeles, pero sigue esa polarización respecto a la legitimación del sistema. Esa es la experiencia negativa de haber llevado un caso con tanta polarización y pasiones ideológicas a un sistema que no tiene los recursos ni los niveles de legitimación social como para salir fortalecido del mismo.

Luego, está el caso de la golpeada elección de Presidente de Corte Suprema de Justicia, que sirvió de preámbulo para las elecciones institucionales del 2014. Más que disputarse la Presidente de la Corte, el asiento rotativo en las diferentes Cámaras que integran la Corte, o las prerrogativas administrativas del puesto, el meollo del asunto era el puesto en la Comisión de Postulación de Fiscal General para el 2014. Las cincuenta y tantas rondas no son más queel anuncio de lo que se nos viene. Hay muchos actores y muchos intereses que se mueven por incidir en la conformación de Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Contraloría de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral. Y los movimientos para colocar alfiles en ese proceso, se empezaron a gestar en este 2013.

VIP: ¿Hay razones para pensar que en el 2014 el tema de las comisiones de postulación será decisivo para preservar la institucionalidad del Estado o las cartas ya están echadas?

PC: Hay varios elementos que hay que considerar. Desde una perspectiva puramente republicana, las autoridades que se elegirán en el 2014 constituirán los frenos y contrapesos de cara al siguiente gobierno. Naturalmente, siempre existe esa distención entre la operación de grupos gremiales y políticos que buscan incidir en la selección de las magistraturas, versus la aspiración deontológica de promover la independencia y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Luego, hay que ver las particularidades de cada proceso. La elección del Tribunal Supremo Electoral naturalmente es de interés estratégico para los partidos políticos, pues de dicha institución dependen temas como la inscripción de candidatos, las sanciones por campaña anticipada, o la revisión de la normativa sobre financiamiento electoral. En el caso de Contraloría de Cuentas, pues ahí está la llave para combatir el patrimonialismo de Estado, que está tan arraigado en este país, pero naturalmente los intereses asociados a ese patrimonialismo no quieren una Contraloría autónoma, independiente y fortalecida.

Y finalmente está el caso de la Fiscalía General, que desata división ideológica. La continuidad de la actual Fiscal genera posiciones blanco o negro, y eso le imprime una nueva dimensión al conflicto institucional.

Sin embargo, hay que mencionar que a diferencia de lo ocurrido en el 2009 y 2010, hay varias diferencias sustanciales. Primero, la polarización ideológica que gestó el caso por Genocidio, hoy impide que la sociedad civil entre como bloque unificado a realizar tareas de auditoría social. También la CICIG está en un momento muy diferente al de las elecciones anteriores, cuando la institución se convirtió en un árbitro de última instancia para los procesos de postulación.

Creo que esas interrogantes, los intereses que siempre se mueven en este tipo de elección y las dinámicas tan sui géneris para este 2014 hacen de las elecciones institucionales procesos de suma trascendencia para el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

VIP: Aunque oficialmente la campaña electoral está a 18 meses de comenzar, lo cierto es que la actividad partidista no ha parado desde el 2012, ¿cómo se percibe el panorama en el ámbito político para el 2014? ¿Ve factible un cambio de rumbo o qué se puede esperar?

PC: Creo que los partidos que aspiran a competir realmente por la presidencia en el 2015 ya se robaron la salida. A nivel de opinión pública, creo que la atención estará enfocada en las elecciones institucionales, por lo que la pre-campaña pasará a segundo plano. Aún así, a partir de noviembre 2014, estaremos en modo de campaña total. Y me atrevería a decir que salvo ocurra un reacomodo significativo en las correlaciones de poder, las fuerzas políticas que se disputarán las elecciones en el 2015 prácticamente ya están completas.

CACIF